La reforma impulsada por Octavio Martínez establece que el delito lo comete quien otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando intereses o contraprestaciones desproporcionadas.
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La propuesta busca que el Estado de México se sume a las 13 entidades del país que ya han aprobado esta ley.
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La pena se aplicará a quien obligue o permita dicha práctica; Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan los municipios de mayor incidencia.
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Hasta dos años de prisión a quien se aproveche de su posición laboral, docente, doméstica o jerárquica.
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Sergio García Sosa propone penas de hasta cuatro años de prisión.
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