Toluca, Méx.- La reforma promovida por Octavio Martínez Vargas responde a la necesidad de frenar prácticas que implican el cobro de intereses excesivos y desproporcionados, generalmente bajo condiciones opacas, injustas y carentes de regulación.
Estas modificaciones al Código Penal estatal establecen que comete el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad económica apremiante, ignorancia o inexperiencia de otra persona, mediante contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluidos aquellos simulados, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, obteniendo intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México a intermediarios financieros para operaciones similares.
El delito se sancionará con pena de uno a 15 años de prisión, y multa de 100 a tres mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, 395 mil 990 pesos.
Martínez Vargas señaló que, aunque desde 1908 existe una ley federal para regular la usura, en la entidad este delito no estaba tipificado en el Código Penal, sino que únicamente se contemplaba como fraude, lo que ha favorecido el aumento de este tipo de actividades delictivas.
Se señala que, al contar con una figura penal propia, se facilitarán la investigación, la integración de carpetas y la judicialización de los casos, al eliminar las ambigüedades que actualmente derivan de su encuadramiento dentro del delito genérico de fraude.
Fortalecerá la protección de personas en situación de vulnerabilidad como mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas indígenas o en pobreza mediante la incorporación de agravantes específicas.
La reforma contribuirá a generar un efecto disuasorio, al enviar un mensaje normativo contundente contra la explotación financiera informal y promover el acceso a mecanismos legales y regulados de crédito y financiamiento.
