Toluca, Méx.- Ante el panorama de que a nivel nacional 50 por ciento del desarrollo urbano se hace de manera irregular, Morena, PAN y Alejandro Hernández Gutiérrez, representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en el Estado de México, respaldaron la propuesta de exentar las multas derivadas de los actos de Insus ante la Dirección General de Operación Urbana.
La iniciativa de Ingrid Schemelensky Castro, Enrique Vargas del Villar y Francisco Brian Rojas Cano, plantea liberar los procedimientos para la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), para que la ciudadanía agilice sus trámites de escrituración.
Las reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios y al Código Administrativo del Estado de México buscan que más personas cuenten legalmente con una vivienda a fin de aumentar su valor, tener la posibilidad de acceder a créditos, contar con mejores servicios y heredar un patrimonio.
Durante la reunión, Mónica Álvarez Nemer, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Francisco Javier Santos Arreola, coincidieron en la necesidad de la regularización de los predios para que la gente no esté en la incertidumbre ni carente de servicios públicos y se manifestaron a favor de que autoridades del Insus y del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México contribuyan a fortalecer la iniciativa y analizar cómo otras entidades han enfrentado la regularización de predios.
Hernández Gutiérrez, representante de INSUS en la entidad, compartió que de 30 millones de viviendas en el país se ha reconocido formalmente que 7.5 millones son irregulares, aunque la cifra podría llegar a más de 10 millones, y 50 por ciento del desarrollo urbano a nivel nacional se hace de manera irregular.
Dijo que el Instituto tiene pendiente de concretar seis mil escrituras en la entidad desde 2014 que han derivado en mil 200 multas por no inscribir las cartografías a tiempo, afectando a 30 mil mexiquenses, por lo que se expresó a favor de un precio de regularización no mayor a los ingresos de la ciudadanía para que tengan certeza jurídica y los gobiernos un mejor panorama de su desarrollo urbano.
