Toluca, Méx.- Representantes mazahuas, otomíes, nahuas, tlahuicas, matlatzincas, de los pueblos afromexicanos y residentes, se sumaron al llamado de Max Correa Hernández para difundir la propuesta de reforma constitucional entregada al gobierno federal en materia indígena para resolver los problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que padecen.
Durante el foro «Propuesta de reforma constitucional en materia indígena y plan de justicia para los pueblos indígenas del Estado de México», Correa Hernández reconoció que la propuesta surgió de las comunidades mediante el consenso.
Ante 200 representantes de las comunidades indígenas explicó que el Constituyente Permanente, conformado por la Cámara de Diputados federal, la Cámara de Senadores y los congresos locales, debe estudiar el proyecto para su aprobación, por lo que en la entidad se requiere contribuir a su difusión en el Congreso local con los diferentes grupos parlamentarios para lograr su aprobación.
Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que la propuesta de reforma ayudará a tener un verdadero estado pluricultural.
Érika Icela Castillo Vega, magistrada de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, subrayó la necesidad de subsanar las desigualdades y armonizar los usos y costumbres con las leyes vigentes.
José David Ruiz Aguilar, indígena Tojol-ab’al de Chiapas, calificó la elaboración de la propuesta como un ejercicio más apegado a una consulta, porque se juntaron más de 630 mil firmas de autoridades comunitarias.
Larisa Ortiz Quintero, integrante del grupo de expertos, compartió que la elaboración del proyecto contó con 54 foros, tres mesas de trabajo en 27 estados, un foro de migrantes en Estados Unidos, un foro nacional, 27 mil participantes, entre ellas 14 mil 349 autoridades indígenas.
La propuesta de reforma constitucional, entregada el 28 de septiembre de 2021 al gobierno federal, busca que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho púbico; la libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; los derechos de las mujeres, niños, adolescentes y juventud indígenas, el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo afromexicano.
También incluye aspectos de tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; sistemas normativos indígenas; participación y representación de los pueblos en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales; consulta libre, previa e informada; patrimonio cultural; educación comunitaria, indígena e intercultural; salud y medicina tradicional; comunicación indígena, comunitaria e intercultural; autosuficiencia alimentaria; migración indígena, entre otros temas.
