Tlalnepantla, Méx.- El diputado Max Correa Hernández respalda que el pueblo decida quiénes serán jueces y magistrados que conformen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no los partidos ni el presidente en turno, como actualmente sucede en México.
Dijo que las asambleas informativas, convocadas por el Instituto Nacional de Formación Política del partido Morena, tienen el objetivo de que la ciudadanía tenga los elementos para decidir qué jueces y magistrados, a partir su trabajo y actuación, están comprometidos con la ciudadanía o no.
“Los neoliberales y el prianismo dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a desaparecer, la realidad es que la reforma es con el fin de asegurar que el Poder Judicial funcione con eficacia y austeridad; otro mito que expanden es que Morena y la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impondrán a ministros, jueces y magistrados, y eso es mentira porque se trata de que esos funcionarios judiciales sean elegidos por el voto popular”, dijo.
Correa Hernández mencionó que los aspirantes deberán contar con título en Derecho, cuando menos 10 años de experiencia, y que no hayan sido funcionarios federales para evitar conflicto de intereses.
Han informado que se ha propuesto modificar el Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial.
“El tribunal de disciplina va a ser responsable de investigar y sancionar al personal judicial por actos de corrupción y contrarios a la ley, y el órgano de administración será responsable del control interno”.
Advirtió que los que no quieren cambiar son los que han sido favorecidas por las sentencias de la SCJN, como los oligarcas, los poderes fácticos económicos y financieros, porque la Corte ha votado a favor del anatocismo financiero, a favor de las empresas de electricidad extranjeras, en contra de la nacionalización de energía eléctrica, el petróleo y de los derechos laborales.
“Son quienes se oponen, y desde luego los propios ministros porque han formado parte de una burocracia dorada que se expresa muy bien con los salarios, ya que un ministro cobra 297 mil pesos, cuando el salario del presidente de la república es de 174 mil”.
Explicó que los tres poderes de la unión van a proponer candidaturas al Senado de la República, que deberá verificar si cumplen con los requisitos, y el INE deberá organizar la elección, el cómputo de los votos y anunciar los resultados.
No habrá financiamiento público ni privado para las campañas de promoción, sí contarán con tiempos en radio y televisión para exponer las propuestas y los perfiles de los candidatos. No habrá participación de los partidos.
