Toluca, Méx.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense perfila derogar el delito de ultraje en contra de servidores públicos del Código Penal estatal; consideran que inhibe la libre expresión, atenta contra los derechos humanos y representa una protección desproporcionada de la autoridad y las personas servidoras públicas de la entidad.
Ruth Salinas Reyes (MC) expuso que, en este delito, se observa ambigüedad y aplicación injusta al arbitrio del ofendido, y no respetan los derechos humanos ni el principio pro persona, al imputar a una persona que expresa opinión sobre otra del ámbito público.
Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) agregó que la iniciativa facilita a los funcionarios expresarse sin limitaciones, lo que derivará en una mejor rendición de cuentas.
Jennifer Nathalie González López apuntó que, como actualmente se define este delito, puede usarse como un instrumento para el control de las personas.
María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) respaldó la iniciativa y resaltó que la libertad de expresión es una conquista social que debe ser respetada, y que el delito de ultrajes no es compatible con la protección de los derechos humanos.
De acuerdo con la propuesta para derogar este delito del Código Penal, el ultraje es toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio. Tratándose de elementos de cualquier corporación policíaca, se requerirá para la integración del delito, que el ultraje sea en presencia de personas ajenas a las corporaciones.
Cabe señalar que, actualmente, a quien ejecute ultrajes contra instituciones públicas se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días multa. Así como que, si se cometieren en contra de una persona servidora pública, se impondrán de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días multa.
