Toluca, Méx.- Por una presunta contravención legal por parte del Cabildo de Ecatepec denunciada por Octavio Martínez Vargas, la LXII Legislatura mexiquense exhortó a titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), de la Contraloría del Poder Legislativo y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios a investigar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
El legislador de morena señaló que el 26 de octubre, en sesión vía Zoom a las 4:00 horas, el Cabildo aprobó la conformación de un fideicomiso público y la contratación de un seguro de vida de grupo para integrantes del ayuntamiento y servidores públicos de mandos medios y superiores.
Adicionalmente, señaló el intento de utilizar la figura de menores, hijos de los funcionarios, para constituir fideicomisos educativos, cuyos rendimientos están exentos del Impuesto Sobre la Renta, por lo que sirven para evadir la carga impositiva, al tratarse de un ahorro para la educación, además de que se facultó al alcalde para apoyar a comunidades y pueblos originarios en sus fiestas patronales.
En la discusión, Josué Isaac Hernández Méndez (PT) cuestionó las motivaciones del exhorto, porque el proponente tiene “marcadas diferencias con algunos compañeros de Ecatepec” y que “no se puede usar al Congreso para linchamientos políticos”.
Yareli Anai Esparza Acevedo coincidió en evitar el uso del recinto legislativo para la “politiquería”, mientras que Ernesto Santillán Ramírez aclaró que él fue parte del cabildo de 2022 a 2024, y que en ningún momento se ha entregado un seguro; por el contrario, aseguró, a partir del 2020 se dejaron de dar fideicomisos y contratar seguros, lo cual está registrado en las actas de cabildo.
El exhorto está dirigido a Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, a que instruya a su personal para las diligencias al Cabildo y, en su caso, emita las sanciones correspondientes, así como a Juan José Hernández Vences y María Guadalupe Olivo Torres, titulares de la Contraloría del Poder Legislativo y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, respectivamente, para que verifiquen la probable existencia de contravenciones de las facultades de integrantes del cabildo y aplicar sanciones, de ser el caso.
