Toluca, Méx.- En el análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida y patrimonio social, natural y cultural, Omar Ortega Álvarez dijo que la escasez y desabasto demandan acciones urgentes, sobre todo en el Valle de México y en el sur de la entidad.
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Ortega Álvarez, coordinador del PRD, señaló que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México hace 30 años había una disponibilidad aproximada de 18 mil metros cúbicos de agua por persona, actualmente se estima que esa cifra se redujo a poco de tres mil 500 metros cúbicos.
Por ello, lamentó que intereses particulares se sobrepongan al interés colectivo y corporativos e industrias acaparen el líquido como una mercancía; señaló que en 2021 una pipa de agua costaba mil 79 pesos, una concesión para una refresquera ascendía a dos mil 600 pesos por año.
También se solidarizó con la población de Nuevo León y dijo que el Estado de México es uno de las que tienen menor disponibilidad de agua en el país, además de que sufre estrés hídrico y una alta densidad demográfica.
Reconoció avances legislativos al penalizar a quienes impidan el suministro o huachicoleo de agua, y llamó a respaldar la reforma constitucional propuesta para establecer que el derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todos sin distinción alguna.
Además, propone que el Estado de México asegure el cumplimiento de este derecho y garantice la justicia hídrica, entendida como la capacidad del Estado para proteger las aguas no potables y las potables para el uso humano, además de garantizar la restauración de los daños producidos al líquido y a la infraestructura que lo transporta.
En favor de la justicia hídrica, su propuesta también busca generar las condiciones para combatir los vicios que aquejan a este derecho y cimentar las bases para futuras reformas y la generación de políticas públicas que ayuden a prevenir una futura sequía.
