Toluca, Méx.- Al advertir de un posible conflicto de intereses en la designación del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), pues recae de manera exclusiva en el Ejecutivo estatal, Abraham Saroné Campos, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recibió propuestas de los derechohabientes y especialistas para que este nombramiento y el de su contralor interno los lleve a cabo el Congreso local.
Durante la última mesa regional de Trabajo en Materia de Seguridad Social del ISSEMyM, el legislador recordó que desde 2018, cuando Morena abrogó la ley aprobada en la 59 Legislatura, se le solicitó al gobierno estatal una contrapropuesta que no afectara derechos de los trabajadores, lo cual no ha ocurrido.
Saroné Campos indicó que la reforma contribuirá a combatir situaciones como la canalización de recursos para la renta de estacionamientos que no tienen nada que ver con la austeridad ni con el uso óptimo de los recursos.
Al cerrar la mesa regional, Faustino de la Cruz destacó las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de México en favor del sector magisterial, valoró la relevancia de cada una de las propuestas expresadas y llamó a la unidad para hacerlas realidad.
Durante los trabajos, Santiago Marín Hernández explicó los lineamientos en materia de pensiones y jubilaciones; Delfino Álvarez Valdez propuso que las aportaciones de pensionados y pensionistas sean iguales que las del personal en activo; Guillermo Tovar Martínez cuestionó la eficiencia de los servicios médicos y Juan David Jerónimo Sánchez reseñó las reformas que han afectado a los trabajadores.
Victorino Barrios Dávalos consideró que el manejo financiero del Instituto ha sido desastroso. Reportó que los recursos destinados al ISSEMyM, que este año ascienden a 29 mil 771 millones de pesos y han crecido 256 por ciento en los últimos 11 años, equivalentes al gasto de 20 legislaturas o cinco universidades, para un universo estimado en un millón 416 mil personas derechohabientes aportantes y no aportantes del Ejecutivo estatal, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos. Propuso que el director general y su contralor interno sean nombrados por la Legislatura.
Jorge Miguel Islas Mérida señaló excesos en el arrendamiento de vehículos para personal administrativo del Instituto; Julio Castañeda Ocampo dijo que la ley actual permite el saqueo y la corrupción, por lo que propuso que el director del ISSEMyM, así como su contralor interno sean designados por la Legislatura.
Teresa Jaimes González denunció afectaciones en su salud debido a una mala atención y problemas para tramitar su jubilación, y Jaime Martínez López denunció corrupción en la distribución de medicamento e insumos.
