Toluca, Méx.- Para garantizar la plena vigencia de los mecanismos de mediación, conciliación, arbitraje y negociación en la solución de conflictos, y de fortalecer la justicia alternativa en el Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el diputado Octavio Martínez Vargas propuso la expedición de una nueva ley.
La iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de México y Municipios favorecerá el acceso efectivo a una justicia pronta y expedita.
Dijo que se pretende fomentar una resolución de conflictos más ágil y dinámica, con el objetivo de despresurizar y agilizar el sistema de administración de justicia. Esto permitirá una mayor eficiencia y oportunidad en la emisión de resoluciones, al tiempo que se reducen los costos tanto en la función jurisdiccional como para las partes involucradas.
El proyecto define el arbitraje como el proceso de solución de conflictos, distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes, de forma voluntaria y mediante un acuerdo o cláusula arbitral, deciden someter todas o algunas de sus controversias a la decisión de un tercero imparcial, denominado árbitro, quien emite un laudo con fuerza vinculante.
Respecto a la negociación, se refiere al proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, y la negociación colaborativa es la figura que permite la solución pacífica y equitativa del conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y, si fuera necesario, el apoyo de terceros.
El documento plantea la creación del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial estatal; el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, también de la entidad; y el Centro Privado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Cualquier persona podrá solicitar la atención y el acceso al trámite de manera verbal, escrita o en línea ante los centros públicos o privados.
