Toluca, Méx.- Para fortalecer las instituciones y avanzar hacia un Estado de México más justo y con mayor bienestar, Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, rindió el informe de actividades del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense.
Resaltó que estos trabajos se desarrollaron con plena conciencia del momento histórico que atraviesa la entidad y con la certeza de que la pluralidad en el Congreso mexiquense no es un reto, sino su mayor fortaleza.
“Porque por encima de cualquier diferencia, están las necesidades reales de un Estado con más de 17 millones de habitantes que exigen de su Poder Legislativo entrega, profesionalismo y absoluta responsabilidad”, resaltó.
Del 5 de septiembre al 10 de diciembre de 2025 hubo 20 sesiones plenarias, en las que se presentaron 357 iniciativas y 31 puntos de acuerdo, de los cuales se aprobaron 237 y 22, respectivamente.
También resaltó la aprobación del Paquete Fiscal y las Tablas de Valores Unitarios y Tarifas de Agua para el 2026, y reformas para la modernización administrativa.
En materia de justicia y derechos humanos, informó sobre la tipificación del transfeminicidio; la protección de niñas, niños y adolescentes frente al matrimonio infantil; reformas en materia de acoso sexual, montachoques y delitos contra la libertad sexual, la imprescriptibilidad de acciones civiles por violencia sexual contra menores, y sanciones a la difusión de contenidos sexuales manipulados con inteligencia artificial.
También informó sobre las designaciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos; las personas integrantes del Consejo de Premiación de la Presea Estado de México y a los jurados calificadores correspondientes; así como la calificación de la cuenta pública del Estado de México y los municipios de 2024.
Reconoció avances para ampliar el acceso de las mujeres a programas sociales, garantizar la conciliación entre trabajo, familia y vida personal, incorporar la salud mental en los planes de estudio. Se ordenó la deschatarrización de bienes muebles del Poder Ejecutivo; y que se exhortó a diversas instancias públicas, federales, estatales y municipales para que atiendan las necesidades y servicios.
