Toluca, Méx.- El Parlamento Estatal de la Juventud solicitó implementar mayores acciones para la reactivación económica, una vez que se ponga fin a la emergencia sanitaria por el COVID-19, y que los partidos políticos asignen a la juventud 20 por ciento de sus candidaturas a cargos de elección popular.
En la última sesión plenaria de este ejercicio de participación ciudadana y fomento a la democracia, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos con el respaldo de la LX Legislatura, el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), la asociación civil Kybernus, el IEEM y el INE, aprobaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política y al Código Electoral de la entidad orientada a erradicar la violencia política en contra de los jóvenes.
Respecto a la reactivación económica, por medio de un exhorto al Ejecutivo estatal, solicitaron la ampliación de los corredores ecoturísticos y de los estímulos fiscales a empresarios que usen energías limpias.
También se aprobaron iniciativas para la creación de un Instituto de Investigación Antropológica para el Desarrollo Estatal en el entendido de que la perspectiva antropológica puede aportar mayores elementos en la creación de políticas públicas, y uno más para reformar la Ley de la Juventud de la entidad con el fin de que se dé prioridad a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
También avalaron exhortos a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad para implementar equipos de videograbación en los uniformes de sus elementos policiales para erradicar conductas como corrupción, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, entre otras. Estas cámaras, también podrán registrar agresiones injustificadas contra sus portadores por parte de la ciudadanía.
Se aprobó exhortar a las autoridades correspondientes a implementar de manera obligada las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER), cuyo fin es apoyar en el proceso de integración educativa del estudiantado con que necesidades educativas especiales, prioritariamente las asociadas a la discapacidad. Para esto la Secretaría de Educación deberá establecer convenios con instituciones públicas o privadas que prestan servicios a menores con discapacidad en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media básica.
