Toluca, Méx.- Max Correa Hernández dijo que gracias a la Ley de Amnistía de la entidad, más de tres mil personas presas han sido liberadas, y con el arribo de un nuevo gobierno estatal más personas injustamente confinadas podrían alcanzar este beneficio.
Al encabezar los trabajos del foro “Discusión Estatal de Justicia para los Pueblos del Estado de México”, ante familiares de hombres y mujeres recluidos injustamente en las prisiones estatales, el legislador de Morena expuso que el encuentro, organizado en coordinación con el colectivo “Haz valer mi Libertad” y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, contribuye a la revisión de las condiciones actuales para que logren su liberación, incluida la ley e instrumentos como la amnistía, el indulto y la preliberación.
En la Biblioteca Legislativa “Dr. José María Luis Mora” se pronunció por erradicar el populismo penal, el cual considera que elevar las penas de cárcel disminuye los delitos, porque es una razón por la que muchas personas inocentes han sido detenidas y procesadas injustamente, cuando es mejor atacar el origen del delito.
Mencionó que para lograr mayores amnistías y justicia es relevante la participación ciudadana; reconoció a quienes luchan por liberar a sus hijos y les ofreció acompañamiento permanente, además, consideró necesario continuar la colaboración con el Poder Judicial.
En nombre del colectivo “Haz Valer mí Libertad”, Lady Plácido Arroyo detalló el caso de su hermano, injustamente acusado de secuestro y sentenciado a 70 años, por lo que demandó mayor firmeza en la aplicación de la ley para la liberación de las personas inocentes víctimas de un sistema judicial que castiga a pobres y marginados.
De la Defensoría Pública, Irma Leticia Cisneros Burgos expuso que cuentan con poco más de 430 defensores, casi la mitad dedicados al ámbito penal; el segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Juan Antonio Laredo, expuso las acciones de este organismo para combatir la tortura, emitir y dar seguimiento a sus recomendaciones, y Víctor Hugo Dávila Ortiz, juez de control, señaló que la ley ha dado resultados pero no siempre puede aplicar debido a que contiene supuestos precisos para otorgar la amnistía.
Del Centro Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara sintetizó como coincidencias la apertura a la sociedad civil para participar en la reforma a la legislación aplicable a esta materia y promover la reconciliación social con una posible mesa de trabajo; el fortalecimiento institucional y mayor presupuesto y refrendar la voluntad política e institucional para garantizar un verdadero acceso a la justicia a la población, especialmente a los grupos vulnerables.
