Toluca, Méx.- Al señalar que desde 2015 a 2022 el Estado de México registró el mayor número de casos de madres adolescentes en el país, Anais Burgos Hernández dijo que se deben redoblar esfuerzos en la prevención desde el Poder Legislativo, en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) y a nivel micro local, desde los ámbitos de responsabilidad que se despliegan en los 125 ayuntamientos mexiquenses.
Al inaugurar el foro «Retos y desafíos en los derechos de las mexiquenses: Atención a la natalidad adolescente en la región de los volcanes», en el Instituto de Estudios Legislativos, la diputada Burgos subrayó la necesidad de incentivar la salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes, porque es una tarea que exige de la colaboración de familias, organizaciones sociales, medios de comunicación y una sociedad proactiva e informada.
En el caso de madres menores de 15 años, el encubrimiento familiar ante delitos de violación sexual, estupro y abuso sexual son recurrentes; reiteró que es indispensable la colaboración de todo el sistema de salud de la entidad, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque se requiere de una gran articulación para atender estos delitos y emprender acciones de prevención.
Ante funcionarias y vecinas de los municipios de la región de los volcanes, Luis Alfonso Guadarrama Rico, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, lamentó que en el Congreso local no se apruebe la interrupción legal del embarazo toda vez que la entidad es la segunda del país que registra el mayor número de casos de interrupciones legales en la Ciudad de México y enfatizó que no se ha presentado un solo caso de muerte por estos procedimientos y en 80 por ciento de estos procesos se han recurrido a medicamentos.
Añadió que el presupuesto público asignado a la prevención del embarazo es inercial, limitado, escaso o prácticamente nulo; además de que esquema de atención a la natalidad adolescente es reactivo y no proactivo; que la promoción de la salud sexual y reproductiva dirigida a la población adolescente y juvenil se realiza de manera desarticulada; y que hay una limitada atención a delitos sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes.
