Ciudad de México.- Mas de 350 víctimas de acoso sexual que denunciaron a sus agresores, entre septiembre y diciembre de 2025, fueron sorprendidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ante el anuncio de cierre de carpetas de investigación, así lo dio a conocer Patricia Cernas, abogada penalista y especialista en derecho constitucional.
Lo anterior por el decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, así como la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicado en la gaceta Oficial de Gobiertno el 24 de diciembre de 2025, en el que se señala la reforma el articulo 179 respecto al tipo penal del delito de acoso sexual.
La abogada cuestiona si el decreto busca proteger a un grupo específico de personas, proteger a los investigados.
Explicó que, desde la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX, encabezada por el diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho, se borró el tercer transitorio del artículo 179, en abril de 2026.
A la letra decía: “TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto con base en los delitos previstos en los Títulos Quinto y Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.” El cual ya no existe por la reciente modificación realizada en abril de 2026.
Mencionó que una posible interpretación de la ley, a raíz de la derogación del tercero transitorio del artículo 179, no es acorde a la protección de los Derechos Humanos, respecto a la impartición de Justicia, “necesitamos ir a una Corte Internacional para que todas esas víctimas alcancen la justicia que el gobierno local y muy seguramente el federal está privando”.
Insistió que es una clara violación al acceso a la justicia y a los derechos humanos.
“Las víctimas por este delito aún se encontraban buscando justicia para que su agresor sea sancionado, la mayoría de ellas mujeres quienes habían pasado por un proceso, donde muchas veces ejercían violencia institucional, quienes se sometieron a evaluaciones psicológicas, cada vez que acudían a la fiscalía (FCJCDMX) a preguntar por su carpeta o a realizar una petición para aportar elementos de investigación, cada acto que realizan les genera un mal recuerdo”, abundó la especialista en derecho constitucional.
