Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que amplía, de cinco a nueve años, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que modifica el párrafo primero y adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Señala que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Se integrará una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.
El dictamen expone que las propuestas de modificación tienen como idea de partida instrumentar un control parlamentario y público en la ejecución de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto de referencia, dar tiempo a su implementación y respetar los derechos humanos.
Lo cual, a juicio de la mayoría de los integrantes de la Comisión, es compatible con el régimen constitucional como legal de las funciones del Congreso de la Unión y de respeto a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Relata que, como la Guardia Nacional no se ha consolidado y se habían otorgado al presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas facultades deben ampliarse, como se propone, a efecto de que alcance hasta el año 2028, tiempo que se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, concluyó que la eventual aprobación no generaría impacto presupuestario alguno, por lo cual, esto constituye una razón más de carácter económico para estimar la procedencia de la propia iniciativa en sus términos.
